La Policía de España detuvo a 23 personas acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en las comunidades de Cantabria y Vizcaya.
La organización captaba a mujeres de Venezuela, Paraguay y República Dominicana que eran sometidas a jornadas de hasta 12 horas diarias, y que aumentaban cuando algún cliente así lo requería. Las mujeres debían cumplir, como mínimo, con tres encuentros sexuales al día.
Tres mujeres que eran prostituidas hasta «pagar su deuda», que en algunos casos llegaba a los 6.000 euros, fueron liberadas.
Además de la explotación sexual, la Policía investiga otros posibles delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales.
Los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales y en ocasiones las mujeres tenían que realizar servicios «fiados» a clientes «VIP», además de sufrir abusos sexuales por parte de los jefes de la organización, a los que debían pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz.
Para captarlas, los dueños de los locales utilizaban en sus países a unos intermediarios que las convencían de ir a España y siempre buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar.