*Quien no lo hiciera era amenazado con ser trasladado
Amy Torres
Preocupada acudió a la redacción de La Verdad Rosa Mejías de Alonso para denunciar el presunto amedrentamiento del que fueron objeto reclusos que permanecen en los calabozos de Polivargas en Caraballeda y Macuto si no firmaban a favor de la Constituyente.
“El viernes 2 de junio en la tarde el supervisor Elvis Emilio Escobar Laya, aprovechándose de su cargo, obligó a los privados de libertad a firmar por la Constituyente bajo la amenaza de que el que no lo hiciera sería trasladado a las cárceles”.
Calificó esta situación como abuso de poder, por lo que instó a la Fiscalía de Derechos Fundamentales a abrir una averiguación. “Ningún preso puede firmar documentos sin la presencia de su abogado y menos si esas firmas son para fines políticos”.
“Se solicitó firmar solo a funcionarios activos”
El comisionado Ángel González, encargado de los retenes de la policía regional, negó que dicho planteamiento se la haya hecho a los reclusos. “Es falsa esa acusación; además, ellos están inhabilitados políticamente por lo que su firma no tendría ninguna validez”.
Aclaró que ese día solamente se le solicitó a los efectivos policiales activos estampar su rúbrica de manera voluntaria si apoyaban o no la Asamblea Nacional Constituyente.
Asimismo, indicó que como parte de la transformación que se promueve desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios los 210 privados de Macuto están recibiendo clases de orden cerrado, para fomentar la disciplina entre ellos. “También practican básquet”.
Condenados no pueden votar
En las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se determinó que solo los privados de libertad que han sido condenados por un tribunal del país no pueden votar en ningunos comicios en Venezuela, de manera que solo aquellos que aún no tienen sentencia podían hacerlo.
De hecho el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que todos los venezolanos debidamente inscritos en el Registro Electoral (RE) pueden ejercer este derecho, siempre y cuando no estén sujetos a inhabilitación política ni interdicción civil (incapacitado).