La apatía en la educación a la población sobre la aplicación de métodos anticonceptivos y sexualidad responsable es la causa del repunte de embarazos en adolescentes, que muchos de ellos terminan en mortalidad materna o la aplicación de interrupciones penados por la ley.
En septiembre del 2014, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño elevó su preocupación ante el Gobierno de Venezuela por la muerte de adolescentes con embarazos tempranos.
En un documento, la Organización de Naciones Unidas (ONU) que hasta la fecha no ha sido respondido por el Ejecutivo Nacional se señala la preocupación “por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos”.
El médico varguense Bernardo Guerra califica como “negligente” la falta de aplicación de programas de salud sexual y reproductiva a nivel nacional. “Más allá de permisar los abortos, tenemos que hablar de una educación eficiente en la materia”.
Agrega que “en los centros de atención primaria, como los ambulatorios y los CDI, no se está aplicando la medicina preventiva, que no es más que orientar a la población para evitar las enfermedades y las situaciones que pueden desencadenar problemas de salud”.
La ginecóloga Maira Villavicencio señala que en Venezuela no hay una ley que regule los abortos, sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal vigente establece la ilegalidad de la interrupción del embarazo, salvo en casos de amenaza a la vida o salud de la mujer. “La legislación es muy rígida al respecto”.
La sanción penal para una mujer que se practique un aborto en el país es de seis meses a dos años de prisión, mientras que los médicos o personas que practiquen el procedimiento, es de tres años.
“El debate del aborto en el país es un tema delicado que tendría que ser revisado desde varios puntos de vista, incluyendo el social, religioso y filosófico”.
Guerra expresa que es necesario que el Ministerio de Salud sincerice sus estadísticas. “El anuario de mortalidad del país no está actualizado desde el 2011”./jd