José Ángel Maicabares
Miguel Ángel Blanco González habría sido desalojado arbitrariamente por el jefe civil de la parroquia Caruao, Marco Marcano, de la vivienda que habitaba desde hace 7 años en la calle 5 de Julio de La Sabana, la cual es una herencia de sus padres.
El hecho ocurrió el 28 de mayo del 2020, y desde entonces Miguel y su esposa, Mariela de Blanco, han tenido que vivir arrimados en una casa que cuidan en el sector Santa Cruz de La Sabana.
La abogada de la familia, Esmeralda Sojo, informó que se vulneraron los derechos de Miguel, ya que el 50% de la propiedad le pertenece. La otra parte le pertenece a su hermana Maira Blanco, promotora del desalojo en complicidad con la autoridad de la parroquia.
“El jefe civil, valiéndose de su poder, practicó el desalojo acompañado de policías, además mantiene un acoso en contra de estas dos personas: les dicen que si vuelven a ingresar a la casa, van presos”, contó Esmeralda.
Dijo que su defendido tiene una orden de restricción por parte de la Jefatura y Prefectura, pese a que existe una resolución desde el año 2015, ratificada en abril pasado, que impide desalojos arbitrarios.
“Este caso pasó a Prefectura, por lo que Fermín Valdirio, quien dice ser abogado y consultor jurídico de la institución, se fue hasta La Sabana junto a su esposa, y le advirtieron a Miguel que no podía acercarse a la casa, cosa que sí puede hacer la otra heredera, además de meter a quien ella quiera”, indicó Sojo.
Miguel y su esposa fueron hasta la Procuraduría y allí les indicaron que el caso no es de su competencia, sin embargo, a juicio de la abogada, deberían interceder en vista de que, aseguran, se practicó un desalojo arbitrario y Maira “no comparece sino cuando le da la gana, porque se siente apoyada por el señor Valdirio y éste a la vez es apoyado por el prefecto”.