Un total de 33 personas y organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela sufrieron ataques durante noviembre, según un informe publicado este martes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“Se agudizan las acciones represivas con el fin de obstaculizar el trabajo de las organizaciones y de defensores, quienes son calificados por el Estado como enemigos internos».
Detalla que 27 de estos ataques fueron contra las organizaciones y seis contra personas.
Destaca 19 actos de “estigmatización”, un ataque que se emprende principalmente a través de medios de comunicación del Estado, reseñó Efecto Cocuyo.
Las otras formas de ataque fueron cuatro amenazas, cinco actos de intimidación, un par de detenciones arbitrarias y allanamientos, y un ataque digital.
Los ataques fueron cometidos en un 40% por medios de comunicación gubernamentales, 12% provienen de instituciones públicas, 15% de organismos de seguridad, 15% de funcionarios públicos y un 18% de “otros”.
El más férreo detractor de las organizaciones no gubernamentales es el diputado electo Diosdado Cabello, quien asegura que estas organizaciones son financiadas por el gobierno de Estados Unidos para atacar al gobierno de Nicolás Maduro.
Advirtió que la nueva mayoría oficialista que se instalará en el Parlamento a partir de enero tiene la “tarea pendiente de aprobar una ley severa para las ONG” para regular la cooperación internacional.
“El instrumento contemplaría la prohibición de la entrega de recursos a organizaciones de derechos humanos en el país”, dice el CDJ.
«Es una labor de alto riesgo»
«Estas agresiones evidencian el afianzamiento de la política de criminalización en contra de quienes exigen y defienden derechos y contra aquellos que realizan acciones humanitarias” en Venezuela.
El CDJ acusa al Estado venezolano de profundizar “el control social y el autoritarismo”, especialmente desde marzo pasado, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país y el Gobierno aprobó un estado de alarma que sigue vigente.
“Defender y exigir derechos humanos en Venezuela y acompañar a las víctimas de los abusos del Estado en sus procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación es una labor de alto riesgo”, añade el Centro.