Por unanimidad y sin oposición aparente, el gobierno del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió disolver y confiscar todos los bienes de la Cruz Roja en el país tras acusarla de violar la neutralidad durante las protestas opositoras de 2018.
“Derogase el Decreto Legislativo número 357 […] del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense”, dice la resolución adoptada por la unanimidad de la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega.
La norma aprobada por el parlamento ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un “ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”, adscrito al Ministerio de Salud.
Unos diputados acusaron a la Cruz Roja de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro y el principio de neutralidad de la organización humanitaria.
Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.