“Para la situación de Venezuela siempre he indicado que ahora estamos en el proceso de examinar la situación y que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”, afirmó la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda en entrevista con France 24 .
La fiscal aseguró haber “avanzado significativamente en la situación de Venezuela”. Si bien no dio una fecha, explicó que una vez que la Cámara se expida sobre las alegaciones del gobierno de Nicolás Maduro, que la acusa de no cooperar y de negarle su derecho a la defensa, estará en situación de “poder hacer público los hallazgos de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en ese país”.
El martes 15 de junio finaliza el mandato de Bensouda por lo que no se sabe si ella se pronunciará sobre el gobierno de Maduro o si dejará que continúe esa labor su sucesor, el británico, Karim Khan.
En diciembre 2020, Bensouda determinó en su informe anual que, en efecto, “existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela».
“La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, señala el documento.
El órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: La Policía Nacional Bolivariana; (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.
El informe también hace referencia a las milicias paramilitares o “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
La persecución política también está incluída en el reporte de la fiscal, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.