La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha llegado a la conclusión de que “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017”.
Así lo recoge el informe definitivo que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor acerca del ‘examen preliminar’ que puso en marcha en febrero de 2018 ante las denuncias recibidas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en protestas callejeras y en las cárceles. En ellas se alertaba de un uso excesivo de la fuerza para “dispersar y reprimir manifestantes” y los “graves abusos” sobre los detenidos que expresaban su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.
En el documento con las observaciones de Bensouda se cita entre los crímenes contra la humanidad que se habrían cometido en Venezuela “el encarcelamiento u otra severa privación de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional; violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma.
La fiscal concluye que «los potenciales casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles» para un proceso. En este sentido, Fatou Bensouda señala que la investigación de la CPI vendría dada por la “inacción” del Estado venezolano ante los hechos denunciados.
Tras conocerse las conclusiones de la fiscal saliente, le corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre la admisibilidad de las denuncias y la apertura de una investigación formal, que es la fase siguiente al examen preliminar en un proceso de la Corte Penal Internacional.
Fiscalía rechaza acusaciones
El Ministerio Público rechazó este jueves las acusaciones incluidas en un documento de la Fiscalía de la CPI publicado hoy, donde concluye que existe una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, diversas autoridades del país han cometido crímenes de lesa humanidad.
El fiscal Tarek William Saab considera que las actuaciones de Bensouda «se llevaron a cabo (…) de manera unilateral y sin tener en cuenta ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe» por las autoridades venezolanas ni la documentación presentada que demuestra «la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial».