Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitieron este viernes 17 de marzo una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra en el marco de la invasión que lanzó contra Ucrania hace más de un año.
La medida de detención también fue realizada contra la comisionada rusa de derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por la “deportación ilegal” de menores ucranianos.
La corte entiende “motivos razonables” para creer que Putin “tiene responsabilidad penal individual” por estos delitos, bien por su comisión “directa” o por haber sido incapaz de “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.
Al emitir la CPI esta orden de detención contra Putin, el mandatario no podrá viajar a los 123 Estados que forman parte de la CPI por el temor a ser detenido; otros Estados también podrían decidir entregarlo.
La posibilidad de que la CPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos in absentia del acusado, ya que Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma, el cual sirve como cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya lo ha reiterado en numerosas ocasiones.