Contabilizan 4.211 ataques a la libertad de información
María Lourdes Arráez
Para alimentar un informe que se está levantando desde el año pasado, la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, sesionó este lunes en la Cámara de Comercio de La Guaira, donde conversaron con periodistas, trabajadores de la prensa, gremios y ciudadanía organizada.
La presidenta de la comisión, diputada Amelia Belisario, señala que el objetivo es recibir de la fuente directa las agresiones, la censura y recoger las narrativas con las pruebas
Biagio Pilieri, presidente de la subcomisión de medios, informó que entre 2002 y 2019 han registrado 4.211 ataques a la libertad de información, siendo la cifra más alta de toda América y que solo en 2019, 114 periodistas fueron detenidos, retenidos o deportados, 29 emisoras de radio fueron cerradas, 22 televisoras sacadas del aire, se reportaron 268 agresiones y amenazas a periodistas y trabajadores de la prensa, 93 bloqueos a portales de información y 100 medios impresos dejaron de circular.
Recordó que las libertades de expresión y de prensa son un derecho humano universal que, en el caso de Venezuela, es constitucional, y que el gobierno de Nicolás Maduro aplica muchas formas de violar el derecho a la información, que van desde la no renovación de las concesiones, limitar el acceso a los insumos, presiones a los patrocinantes y la peor conectividad de América Latina, “con el objetivo de concretar la hegemonía comunicacional del régimen”.
Señaló que aproximadamente unos 100 mil comunicadores sociales han emigrado, pues en Venezuela esta es una profesión de peligro extremo.
Este cuarto informe que se levanta, busca erradicar la impunidad, lograr la reparación de los daños y crear precedentes para que no sigan sucediendo los atropellos, por lo que se va a llevar a la Organización de Estados Americanos, al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Watch.
Irrespeto sistemático
Nadeska Noriega, delegada del Colegio Nacional de Periodistas y corresponsal de El Pitazo, indicó que en el caso particular de Vargas hay un irrespeto sistemático al ejercicio profesional, un sesgo en el acceso a la información oficial y existen grupos de choque que se creen en capacidad de amedrentar a los periodistas.
El periodista Luis López catalogó la actividad como un ejercicio de democracia, destacando que en la región hay 10 emisoras de radio privadas, cuyos dueños tienen miedo al cierre si se emiten denuncias sobre la gestión de funcionarios del gobierno, por lo que propuso que se busque apoyo con los países vecinos para que se usen sus ondas hertzianas para informar a la gente.
El periodista Galvis Guzmán ve con preocupación que las leyes no se cumplen y que se ataca y descalifica públicamente a profesionales, en programas de radio sin dar derecho a réplica, denunciando que el gobierno es quien viola la ley contra el odio y nadie les puede llamar la atención.