Concejales y sindicatos buscan dialogar con el Alcalde
María Lourdes Arráez.- Para dirimir controversias sobre el decreto 30 que emitió el alcalde, Carlos Alcalá, el que consideran no está ajustado a los principios constitucionales estado de derecho, separación de poderes y principios de legalidad, los concejales en compañía de los tres principales sindicatos de trabajadores, solicitan una reunión urgente con el Ejecutivo Municipal.
El presidente del Concejo Municipal, José Ramón Ramos, indica que se reunieron con los representantes del Sindicato Bolivariano Socialista de Trabajadores del Municipio Vargas, Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos y Sindicato de Obreros de la Corporación de Servicios y Entes Descentralizados para asumir gestiones que agoten el diálogo antes de tomar acciones jurídicas en contra del decreto.
En la sede administrativa del ayuntamiento se reunieron los concejales José Ramón Ramos, Alexander Funes, Félix Chico y Libia Mata, el consultor jurídico, José Millán, la directora de Recursos Humanos, Crisbel Quijada y el administrador, Carlos Gómez, para presentarle evidencia a los sindicalistas de que han acabado con toda vía de acuerdo.
Ramos asevera que hay voluntad política en reunirse con el Ejecutivo, ya que el 10 deben cancelar la nómina y no han mandado el dozavo.
Funes explica que el precepto pretende usurpar funciones y competencias que son propias del Concejo Municipal, por lo que además solicitarán la mediación del buró político del PSUV, el presidente de la Asociación Bolivariana de Alcaldes y la Asociación Bolivariana de Concejales. “Vamos a agotar el camino administrativo y buscar soluciones en beneficio de los funcionarios”.
Se nombró una comisión integrada por Ronald Pariata, Griselda Romero, Olegario Rosales, Julio Fernández y José Millán para entregar un oficio en el despacho del Alcalde. Hoy en sesión ordinaria solicitarán a la Contraloría y Procuraduría Nacional una opinión jurídica al respeto del decreto 30. Los sindicalistas indicaron que si no se manda el duodécimo, introducirán un amparo constitucional, pues quedarían 514 trabajadores sin cobrar su sueldo, lo que impactaría políticamente al estado.
Griselda Romero y Jesús Poleo exhortan al entendimiento entre las autoridades del distrito, para que preserven el derecho de los obreros a su salario y garantías contractuales. “Nos preocupa que por la falta de acuerdos políticos, se queden sin sus pagos correspondientes. Hacemos un llamado a la Alcaldía para que medien por la calma y tranquilidad de todos”, manifiesta Romero./MLA/ir