Doriana León, dorianaleon@gmail.com.- Carlos Soto acudió la mañana del miércoles con una dolencia gastrointestinal a la clínica Camuribe. Al llegar, informó que era afiliado de Seguros La Venezolana. El personal de admisión de inmediato le señaló que no podía ser atendido, a menos que pagara “de contado”, pues su compañía aseguradora aparece como “morosa” en la administración del centro de salud privado.
“Tuve que irme de la clínica al CDI de Camurí Chico, donde esperé al menos dos horas para ser atendido. Es increíble que uno esté pagando un seguro para ser atendido en un centro privado y tenga que terminar buscando atención en cualquier consultorio popular”, dijo el paciente.
“Baremo, escasez y falta de pago de las aseguradoras nos asfixia”
En las clínicas del estado, aseguran que no pueden seguir trabajando con la regulación de precios vigente, “que está desactualizada, respecto a la realidad económica del país”, aunado a la falta del pago oportuno de las aseguradoras, quienes tienen un lapso legal de 30 días para cancelar los servicios y en ocasiones tardan hasta 14 meses para saldar las deudas.
“Enfrentamos una situación crítica. La crisis agravada de insumos es algo que nos tiene sumamente preocupados, al punto de no saber hasta dónde podremos aguantar. Tenemos más de dos años soportando esta situación, sin que se vea alguna solución”, señaló el personal administrativo de una clínica ubicada al Este del estado.
Pidieron al Ejecutivo Nacional intervenir para exigir que las aseguradoras paguen en el lapso estipulado. “Con la economía como está en el país, cuando nos llega el pago del servicio prestado, ya no alcanza ni para cubrir los gastos operativos de la atención brindada. Estamos trabajando con un baremo regulado por el Gobierno que nos genera pérdidas”.
Ante la falla sostenida de insumos quirúrgicos, las clínicas mantienen un plan de intercambio institucional, “sin embargo, a estas alturas ya no contamos con insumos en algunos renglones para cubrir el cambalache. Es una situación difícil que coloca a los médicos en un estado de indefensión pues la escasez limita la actuación y aplicación de tratamientos en diferentes áreas de la salud”.
“La salud debe ser gratuita”
La Constitución Nacional Vigente establece en su artículo 83 que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”.
El pasado 19 de febrero se registró una situación irregular en el hospital San José de Maiquetía, donde se le negó la atención a un paciente herido por arma blanca. Al respecto, el procurador del estado Pedro Rodríguez, le declaró al Diario La Verdad que “todas las clínicas que no atendieran a los pacientes serían sancionados con ocupaciones temporales o definitivas”.
El funcionario aseguró que “Todos los centros de salud deben atender a sus pacientes sin discriminación y sin importar si la persona tiene seguro o dinero para parar. La atención médica oportuna es un derecho constitucional que no se le puede coartar a ningún ciudadano, bajo ninguna circunstancia”.
Incluso, aseguró que la atención debe garantizarse primero, sin importar la forma de pago o la autorización del seguro./DLR/Foto: Ender Saavedra