El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó con continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución el fin de semana por el Parlamento de un grupo de magistrados y al fiscal general.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van todos”, escribió en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.
Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 85 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.
También destituyeron al fiscal General, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.
Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia. Después le siguieron los abogados Marina Marenco de Torrento y Carlos Ernesto Sánchez. Todos adujeron razones personales y familiares.