Bolipuertos incumple a importadores y Ley de Aduanas

Luis López.- La demora de más de cinco días en la entrega de las actas de recepción que deben emitir en los almacenes de Bolipuertos para los trámites de nacionalización de la carga, es una de las primeras causas que retarda la colocación de los productos en el mercado, e incluso dispara sus costos por las multas que acarrean a los importadores.

Esta irregularidad es causa de sanción en la nueva Ley de Aduana, que entró en vigencia hace dos semanas, por lo que Bolipuertos es la primera empresa que debería ser sancionada. Lo contrario sería que la penalidad solo se aplique de manera discrecional a un sector, y el otro opere de manera impune, según explicó Rusvel Gutiérrez, presidente de Caduainco.

Ley inconsulta y repudiada

Las cámaras y asociaciones en todo el país, están rechazando esta Ley por ser una amenaza para los auxiliares de la administración; agentes de aduana, consolidadores, almacenistas, agentes de tránsito y navieras, “no hubo proceso de consulta, por lo que está viciada”.

Afirma Gutiérrez que esta normativa no beneficiará al pueblo, porque crea un letargo a los empresarios para obtener en tiempo real y exacto la consolidación de la carga y pueda estar disponible en todo el territorio nacional.

El tener que hacer una notificación previa de 48 horas de los embarques que han de llegar al territorio nacional, trae como consecuencia que cualquier carga disponible de emergencia, porque estén dadas las condiciones o que se requiera de un día para otro, queda descartada. “Las Islas del Caribe y Suramérica no podrán enviar carga en tiempo récord por esta limitante”.

Reitera que esta Ley no fue concebida para ayudar al Presidente Maduro, sino por el contrario le afecta aún más su desmejorada popularidad, porque impide que lleguen a tiempo los productos y se combata el desabastecimiento. “Es confiscatoria porque acorrala al agente de aduana y genera trabas para la nacionalización de la mercancía que ha de estar en el mercado nacional”.

Comenta que de no existir una rectificación, procederán ante el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la suspensión de los efectos de varios artículos./ar