El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una petición a su gobierno que «agilice» la naturalización de unos nueve millones de inmigrantes, dentro de una política migratoria más inclusiva, tras la línea dura mantenida por su predecesor Donald Trump.
La iniciativa está incluida en uno de los tres decretos que el mandatario demócrata firmará este martes para revertir medidas de la anterior administración republicana que considera «divisivas», «crueles» y contrarias a la esencia misma de Estados Unidos, dijeron altos funcionarios gubernamentales.
«La estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema de inmigración sano, ordenado y humano», explicó uno de los responsables.
La orden ejecutiva para «restaurar la fe» en el sistema de inmigración legal pedirá a los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interior «una revisión del proceso de naturalización para agilizarlo y hacerlo más accesible a los más de nueve millones de inmigrantes que actualmente son aptos» para solicitar la ciudadanía.
Biden también solicita que se revise la llamada «regla de carga pública» creada en agosto de 2019 por el gobierno de Trump para denegar la tarjeta de residencia permanente («green card»), o la ciudadanía, a quienes reciben algún tipo de asistencia social.
«Básicamente, estableció una prueba de riqueza para los inmigrantes», aseguró uno de los funcionarios.
Reunificar niños con sus padres
Otro de los decretos apunta a cumplir una de las promesas de campaña de Biden: reunir a las familias de migrantes separadas por la política de «tolerancia cero» instaurada por Trump en 2018 en la frontera con México, que afectó mayoritariamente a centroamericanos.
Biden «ha dejado claro que revertir las políticas migratorias del Gobierno de Trump que separaron miles de familias en la frontera es una prioridad», según dijo una alta funcionaria de la Casa Blanca.
El grupo trabajará con aliados en los países del continente para encontrar a los padres de los menores que todavía siguen bajo custodia del Gobierno.
Aunque no existe una cifra exacta, se estima que son algo menos de 1.000. Según un documento judicial de diciembre, eran 628 los menores que seguían separados, de los cuales 333 tenían los padres en Estados Unidos y 295 en sus países de origen.