De 18 comercios fiscalizados en la primera oleada de verificación de precios, un total de 15 fueron obligados a hacer reajustes tras detectarse el delito de remarcaje, así lo informó James Solís Martínez, comandante de Zodiv Vargas.
“Se procedió a bajar los precios y a hacer la venta inmediata de los artículos. La Sundde se encargó de fijar una multa administrativa dependiendo de la cantidad de mercancía. Si hacemos la segunda inspección y detectamos que son reincidentes podría acarrear hasta el cierre indefinido del local”.
Explicó que los fiscales junto al personal militar verificaron las facturas de compras y los precios exhibidos en anaqueles, percatándose de que la mayoría estaba ganando más del 30% permitido por la Ley de Precios Justos.
“Esta semana estaremos nuevamente en los comercios y sumaremos a la verificación las farmacias. Próximamente, iremos a las librerías, ventas de uniformes, calzado y demás rubros escolares a propósito del regreso a clases”. La parroquia donde reportaron más casos de remarcaje fue Catia la Mar. /MEM/jd