AP y EFE Santiago.-La presidenta chilena, Michelle Bachelet, envió el sábado al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, una de las principales iniciativas planteadas en su campaña presidencial.
«No podemos condenar a las mujeres a que carguen solas con el dolor con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causas de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos su sufrimiento, arriesgamos su vida», afirmó la mandataria en un acto especial para la presentación de uno de sus proyectos más emblemáticos, que ya había anunciado en su discurso a la nación en mayo pasado.
Se prevé un arduo debate parlamentario en torno a la cuestión. Chile, junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano son los seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico.
Varios legisladores en la oposición, pero también dentro de la Nueva Mayoría que apoya a la presidenta, ya han anunciado su rechazo al proyecto.
Desde Pinochet
Bachelet recordó que el aborto terapéutico estaba permitido en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se abolió en forma arbitraria poco antes de que abandonara el poder. La mandataria apeló a que la legislación actual «supone un incumplimiento inequívoco de las leyes internacionales» al respecto, recordando que varios organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han recomendado en reiteradas ocasiones modificar la actual legislación y permitir el aborto terapéutico.
El proyecto actual pone especial atención a los casos de embarazos de menores de edad en caso de violación.
«Sabemos que existen niñas que producto de este vejamen han quedado embarazadas y también sabemos que algunas de ellas son incluso menores de 12 años», afirmó la mandataria.
Menores de 14 años
La iniciativa también amplía el plazo de decisión para las menores de 14 años de edad, de las 12 semanas habituales a 18 semanas, puesto que «las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado», afirmó Bachelet.
También antepone la confidencialidad del facultativo médico a la obligación actual de denunciar ante el sistema judicial a la mujer que practica el aborto y permite la objeción de conciencia del profesional, en cuyo caso se derivará a otro facultativo que no la tenga.
El tema del aborto saltó fuerte a la palestra en la primera semana de enero cuando la hasta entonces ministra de Salud, Helia Molina, declaró que «en todas las clínicas cuicas (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas».
Basta de hipocrecías
La titular de Salud criticaba así la postura de los grupos políticos y sociales más conservadores, contrarios a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto.
Y también la hipocresía de «las personas que con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos».
El rechazo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo procede principalmente del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente y de la Iglesia, en un país donde el 72% de la población se declara católica, pero sólo un 14 % se declara observante.
Además, el proyecto presentado este sábado por la presidenta chilena viene precedido por la petición de la Democracia Cristiana, uno de los partidos que conforman la coalición oficialista, de contemplar las causales del aborto en indicaciones separadas para su discusión en el Congreso, una moción que el Gobierno no tomó en cuenta.
El debate sobre el aborto, al igual que el reconocimiento por ley de las parejas homosexuales, es uno de los exponentes del cambio de valores que vive la sociedad chilena en los últimos años.
Objeción de conciencia y confidencialidad
Para poder interrumpir el embarazo, la mujer requerirá el diagnóstico de un médico cirujano ratificado por otro profesional.
Sin embargo, «se reconocen excepciones en el caso en el que se requiera una intervención inmediata».
«Se les reconoce a los médicos cirujanos la posibilidad de expresar su objeción de conciencia. Pero se hace también explícito el deber ético del médico afectado por esta situación de informar en forma oportuna cuando una paciente se encuentra en una de estas causales. En este caso, el prestador está obligado a derivar a la mujer a un profesional que no tenga la objeción de conciencia».
Por último, el proyecto estipula una «modificación legal que privilegia el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante la interrupción del embarazo. Se trata de prevenir que la mujer se inhiba de entregar información a los médicos o solicitar asistencia por temor a una sanción.
Cifras
140 mil
abortos clandestinos se realizan al año en todo Chile.
500
Muertes por malformación fetal se producen al año.
16.500
mujeres acaban hospitalizadas con riesgo para sus vidas por malformación de fetos en embarazos de menos de 22 semanas.