“Las libertades cívicas siguen restringidas en Venezuela”, dijo este miércoles la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aunque reconoció una serie de mejoras tras la aceptación del gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con su organismo y permitir su trabajo sobre el terreno.
En la presentación de un informe sobre las actividades de su Oficina en Venezuela, Bachelet dijo que entre mayo de 2021 y abril de este año su equipo documentó 166 casos de restricciones indebidas, lo que incluye casos de criminalización y amenazas contra voces disidentes, además de 34 violaciones de la libertad de expresión.
Con respecto a esto último se constataron situaciones de acoso, censura y confiscación de equipos profesionales y el bloqueo de portales web, además del uso de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
La alta comisionada también informó de ciertos avances, como el hecho de que no se haya registrado ninguna muerte en protestas pacíficas relacionadas sobre todo con la situación socioeconómica, como si ocurrió en las protestas antigubernamentales de 2017.
Igualmente, se determinó que hubo “menos muertes en el contexto de operaciones de seguridad que en años pasados”, aunque “de todos modos, una sola muerte es demasiado”, enfatizó.
En el ámbito de la detención, la alta comisionada mencionó que persiste la preocupación por las condiciones en las prisiones de Helicoide y Boleíta, donde consideró que hay riesgo de malos tratos y de detenidos incomunicados.
Señaló que las autoridades ya no permiten el acceso del personal de su organismo a esos dos centros de reclusión, ni a locales militares de detención.
El equipo de la oficina de Bachelet, que trabaja en Venezuela, visitó entre mayo del año pasado y abril pasado 21 centros de detención, realizó 259 entrevistas confidenciales con detenidos y se obtuvo la liberación de 68.