La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet condenó la persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes sindicales en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro. “El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido”, resaltó en su discurso de apertura de la 48va sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
”Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”.
Criticó la falta de divulgación de datos públicos en el país, lo que impide un adecuado monitoreo de las políticas públicas.
También, dijo que su Oficina ha evaluado y formulado recomendaciones sobre los centros de detención y pidió la liberación de los presos políticos.
“Seguimos dispuestos a acompañar las reformas policiales y judiciales en curso para apoyar el cumplimiento de las normas de derechos humanos aplicables. De los casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y celebro la absolución de Braulio Jatar”.
Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y el Gobierno venezolano para que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país. Gracias a este último entendimiento los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de seis a doce.
“Confío en que el diálogo político que tiene lugar actualmente en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en más avances para la protección de los derechos humanos”, culminó, en referencia al proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición.
Bajos sueldos y sanciones
Lamentó las penurias de la población en el marco de la crisis económica, ya que los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, lo que afecta a la alimentación y a la educación.
En el documento que leyó destaca que solo el 56,1% de los trabajadores tienen un empleo formal y apenas obtienen un ingreso promedio entre 2 y 5 dólares mensuales.
El resto, el 43,9%, o están desempleados o se encuentran en el sector informal. A lo que añadió, hablando del renglón de los pensionados, que “en 2021, el Gobierno informó de que seguía ofreciendo pensiones completas a más de 4,5 millones de beneficiarios. Sin embargo, las pensiones mensuales también fluctuaban entre 2 y 5 dólares y no estaban indexadas a la inflación”.
En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas.
“La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de covid-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”, señaló.
La ex presidenta chilena señaló que en Venezuela se continúa con una mala gestión de los recursos, falta de mantenimiento de la infraestructura pública, y una grave subinversión en servicios como electricidad, agua, recolección de desechos sólidos, gas doméstico y otros.
