A juicio de la doctora Ana Mercedes Aponte, la Ley de Convivencia Ciudadana viola el contenido de la Carta Magna al cercenar el legítimo derecho a protestar, que es un mecanismo democrático utilizado por los ciudadanos cuando sienten que el estado no da repuesta a sus necesidades.
Resalta que lamentablemente es la única manera de reclamar, pues quienes están al frente de las instituciones gubernamentales lo que buscan es satisfacer sus apetencias personales.
«Las multas que contempla el instrumento son impagables, partiendo del hecho de que los trabajadores devengan salarios inferiores a $2. Nada que ver con la realidad económica que vive el país, ya que algunas de estas sanciones representan más de 15 salarios mínimos».
Resalta que desde que esta normativa entró en vigencia en el año 2005, cuando estaba de Gobernador Antonio Rodríguez San Juan, siempre ha sido letra muerta, sobre todo por parte de los transportistas quienes hacen lo que les da la gana con la anuencia de algunos efectivos policiales./BR/jd