La Comisión Especial para el rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia de la Asamblea Nacional dejó sin efecto la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes, hecha por la legislatura anterior el 23 de diciembre de 2015, cuando ya se había producido la victoria de la MUD en las urnas.
El parlamento de mayoría opositor convocó a que se realicen nuevas postulaciones para elegir a los candidatos que ocuparán estos cargos.
El diputado por la Unidad, Carlos Berrizbeitia precisó durante la explicación del informe que los parlamentarios hoy tienen la responsabilidad histórica de velar por la seguridad jurídica de los venezolanos.
“Hemos trabajado con responsabilidad, para tener argumentos constitucionales y legales para dar respuesta al pueblo”, dijo.
Informó que la comisión intentó notificar a los miembros de la Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo todas las irregularidades, pero no recibieron respuesta a la comunicación enviada a mediados de junio.
El diputado de la MUD, encargado de leer el informe, pidió exponer el perfil de «tres de los magistrados exprés» que no cumplían con los requisitos exigidos. Estos son Calixto Ortega, miembro de la Sala Constitucional, Lourdes Suárez Anderson, hermana de Danilo Anderson, y Christian Zerpa, éste último, siendo diputado, votó por sí mismo para designarse magistrado.
El diputado Edwin Rojas (PSUV-Sucre), rechazó la decisión y dijo que la designación de los 13 magistrados del TSJ y los 21 suplentes se hizo según lo previsto en los artículos 264 y 265 de la Constitución.
Rechazan prórroga
La Asamblea Nacional rechazó la segunda solicitud para extender el Decreto de Emergencia Económica y determinó que es un fraude a los límites temporales que fija la Constitución a los estados de excepción, la cual solo permite una.
“Desaprobado, negado, rechazado”, recalcó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup (AD-Distrito Capital), al término del debate que, por casi hora y media, se desarrolló hoy en el Parlamento sobre el Decreto 2.371 del 12 de julio de 2016, que declaró la segunda prórroga por 60 días más de la emergencia económica.
La moción de rechazo al decreto aprobada por la mayoría indica que la medida ejecutiva expone a los Derechos Humanos «a serios riesgos de vulneración». Además, indican que «ni el decreto ni la prórroga aluden a los controles internacionales a los que debe quedar sujeto» y precisan que en la anterior prórroga aprobada por el TSJ no se emitió la notificación a la ONU.