Un nuevo Atlas de la Amazonia presentado este martes en Quito servirá para enfrentar la galopante deforestación, el impacto de la minería ilegal y los incendios, señaló Carmen Josse, directora de la fundación ambientalista EcoCiencia.
Esta forma parte de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), que monitorea desde hace varios años la situación ambiental de la selva, y que presentó su «Atlas Amazonía Bajo Presión».
Para Josse, es momento de unir fuerzas para buscar alternativas y opciones de desarrollo sostenible «que no acaben con los servicios ambientales que nos presta la Amazonia a toda la Humanidad».
Según Josse, si bien hay entidades regionales que trabajan con ese objetivo, como la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, no ha habido acciones efectivas que permitan encontrar soluciones a las grandes presiones que someten a la región.
La investigación asegura que, pese a que 2003 fue el peor año para los bosques de la Amazonia por la deforestación, con una pérdida de 49.240 kilómetros cuadrados, se ha notado una aceleración de esa amenaza desde 2015.
Sólo durante 2018 se deforestaron 31.269 kilómetros cuadrados de bosques en toda la Amazonía, «la mayor deforestación anual desde ese máximo de 2003».
Entre 2000 y 2018, el avance de la deforestación en la región amazónica acumuló la pérdida de 513.016 kilómetros cuadrados de bosque nativo, un territorio equivalente a la superficie de España.
En el Atlas se han identificado 4.472 localidades amazónicas que estarían siendo afectadas por la minería ilegal, que ejerce efectos nocivos sobre la tierra y los ríos. Más de la mitad de esos puntos se encuentran en Brasil (53,8%), mientras que en Venezuela está el 32%.
El 13% de la superficie amazónica ha estado expuesta a incendios desde 2001 (1,1 millones de kilómetros cuadrados). Raisg sostiene que, en promedio, desde 2001, se han quemado anualmente 169.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica.