«Son $800 lo que deben pagar las agencias aduaneras y otros trabajadores del área por un registro anual, lo que consideramos un cobro ilegal más en estos momentos de pasividad económica», resalta el doctor Rusvel Gutiérrez, presidente de Caduainco.
Expresa que es necesario enfrentar esta situación, pues no hay que quedarse callado y mucho menos dar espacio a quienes violan la ley.
Indica que no poseen músculo financiero para satisfacer los requerimientos de Bolipuertos, Seniat y Alcaldía, por los procesos de registro, actualización.
«El interés de Bolipuertos es procurar el cobro de más de 4.500 auxiliares a nivel nacional, suma atractiva para quienes están al frente de esta empresa del estado»./BR/jd