El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó abrir el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La demanda había sido presentada a principios de octubre por los abogados constitucionalistas Helio Bicudo y Miguel Realle Junior. En las próximas 48 horas debe conformarse una Comisión Especial que deberá elegir su titular y el diputado relator del impeachment. A partir de ese momento, en cinco sesiones, que pueden ser realizadas en menos de una semana dependiendo del timing político, deberá dar sus conclusiones, para definir si continúa el pedido autorizado.
Esto provoca una gran incertidumbre política, agudizando una crisis que se prolonga desde inicios del año. El diputado Cunha, sospechado de corrupción en el caso de Petrobras, había amenazada dos horas antes con desatar este proceso si el Partido de los Trabajadores votaba a favor de investigarlo en la Comisión de Etica de la Cámara Baja. Y en efecto, concretó la amenaza despues que el PT confirmara el voto contrario al legislador.
Entre los argumentos contra Rousseff para llevarla a juicio se incluyen su presunta vinculación con casos de violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por supuesta manipulación de la contabilidad de los gastos del Estado en 2014 y 2015. La fundamentación del juicio contra Rousseff fue respaldada por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores, del cual se desafilió en 2005.
Cunha se transformó en uno de los principales opositores al gobierno pese a formar parte del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de la base aliada oficialista. Había sido acusado de lavado de dinero, participación en la corrupción de Petrobras y de poseer cuentas millonarias en Suiza.
Acosado incluso en la oposición por denuncias de lavado, había descartado tratar el juicio político hasta el 2016, pero revisó ese compromiso público al calor de la crisis que estalló el pasado miércoles cuando el Supremo Tribunal Federal (STF), en una decisión sin antecedentes desde la recuperación de la democracia en 1985, ordenó la prisión de Delcidio Amaral, jefe del bloque de senadores del gobernante Partido de los Trabajadores.