Gobierno desestimula la inversión
En la actualidad, Venezuela esta enfrentado una fuerte crisis económica y de escasez de productos de primera necesidad. Para la directiva de la Asociación de Trabajadores, Emperadores y Microempresarios (Atraem), una las principales razones de esta realidad se basa en un aparato jurídico que violenta la propiedad privada y desestimula la inversión. Mencionaron las leyes de Poblamiento Urbano, Comunas, Arredramiento y Precios Justos como las más graves y que deberían ser modificadas.
Ali Poveda, directivo de Atraem, explicó que cuando se afecta la propiedad privada se ve reflejado en la decaída de la productividad del país, y la posibilidad de ascenso económico del venezolano a partir de su capital. “La Ley de Arrendamiento por ejemplo le impide a cualquier pequeño propietario la recuperación de su apartamento o casa, a pesar de que la persona que lo ocupe esté morosa. Por ejemplo, alguien destinó las prestaciones de su vida en un inmueble y al perderlo, su ciclo de productividad de su bien se le corta, disminuyendo la inversión en el país”, dijo.
La Ley de Poblamiento Urbano eterniza a las personas en la pobreza, al imposibilitar a los venezolanos que tienen una casa en los barrios del país a poder tener su título de propiedad y a su vez heredarla o venderla, ya que quien pone el precio es el Estado y no está marcado por el mercado general imperante en el sector privado. “Conforme con esta legislación la autoridad estatal tiene una preeminencia a la hora de adquirir estas viviendas de los sectores populares, incluso ellos son quienes le colocan el valor que desean”.
Indicó que las expropiaciones e invasiones son el resultado de que muchas leyes promulgadas en los últimos 15 años ignoran la propiedad privada o la castigan. Un caso de estos, es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia donde deja sin efecto aquellos artículos que castigaban la toma ilegal de terrenos agrícolas. “La propia Ley de las Comunas debilita sensiblemente la propiedad privada, en la cual se decreta esta modalidad de Gobierno donde los ciudadanos pierden la posibilidad de usufructuar su propiedad” BR/jd