Venezuela rechaza la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios del Estado

Este jueves, el canciller de la República, Yván Gil, informó que Venezuela rechaza, «en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegitimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado».

A través de un comunicado, Gil mencionó que este hecho demuestra, una vez más, «su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos».

Además, calificó de «grosero» el acto que «busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia Bolivariana».

El canciller enfatizó que «las erróneamente denominadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista, rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar y pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de cambio de régimen como parte de la doctrina Monroe».

Destacó que Estado Unidos recorrerá nuevamente «el camino del fracaso y será derrotado por la dignidad de Venezuela que continuará conquistando nuevos logros, fortaleciendo su economía, consolidando su proceso democrático participativo y protagónico, y afianzando sus lazos con otras naciones del mundo», asegurando que «el gobierno de Estado agresor se aisla en su frustración, mientras Venezuela crece y vence».

Aseveró que con esta nueva arremetida hacia personas que «día a día defienden la soberanía y la paz nacional no hacen más que ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población».

Este comunicado tiene lugar tras el anuncio del Departamento del Tesoro de imponer nuevas sanciones a 16 funcionarios venezolanos -militares, funcionarios de inteligencia, miembros del Tribunal Supremo (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional- por «la obstrucción del proceso electoral y la violación de los derechos civiles».