Oficina de Protección a la Víctima funciona en Polimunicipal
Una gran cantidad de personas son víctimas de acoso y amenazas constantemente por estar involucrados en un proceso judicial, ya sea como testigo, demandante o por ser familiar de la víctima.
Tal es el caso de la familia de María Agnoli, madre de una joven de 12 años que supuestamente fue abusada sexualmente por su padrino de bautizo, entre septiembre y diciembre de 2020, en El Hatillo, estado Miranda. Actualmente, el supuesto agresor, identificado como Pablo José Zapata Ramírez (56) se encuentra tras las rejas, mientras se lleva a cabo el juicio.
En los últimos meses, tanto María como sus familiares más cercanos (incluyendo a la adolescente que fue víctima del hecho) han sido amenazados de muerte por el victimario y su hermana, razón por la cual tuvieron que abandonar su residencia en El Hatillo y refugiarse en el litoral central.
En La Guaira existe la Oficina de Atención a la Víctima, ubicada en la sede principal de la Policía Municipal de Vargas, en Macuto. Allí los efectivos se encargan de brindarle la mayor protección a las víctimas y testigos involucrados en los casos de violencia o agresión sexual.
Esta oficina impone medidas basadas en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, la cual se encarga de proteger los derechos e intereses de los involucrados en un proceso judicial.
Entre las medidas tomadas por la Oficina de Atención a la Víctima se encuentra la protección mediante el apostamiento policial para las personas agredidas, que incluyen visitas diarias por parte de los cuerpos policiales.
¿Qué dice la ley?
Sobre las medidas de protección que se ejecutan a favor de las víctimas y testigos, esta ley indica, en su artículo 17, que para solicitar una medida de protección es necesario que haya una “presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad de una persona, a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal”.
Asimismo, existen diferentes medidas que pueden imponerse para proteger a un sujeto procesal, entre las más conocidas se encuentra: el alojamiento temporal en lugares reservados o centros de protección, cambio de residencia y protección policial.
Los hechos
María Agnoli relató que los abusos continuados de parte de Zapata, en contra de la menor, se desarrollaron entre septiembre y diciembre de 2020, cuando el sujeto vivía en la misma residencia que ellas.
“Cuando ellos se fueron de la casa, mi hija comenzó a comportarse de manera rebelde. La llevamos al psicólogo y nos informaron que había sido abusada sexualmente. En Senamef les hicieron las pruebas y se confirmó que había sido violada”, comentó.
Explicó que la joven no había dicho nada debido a que Zapata la mantenía amenazada con un arma de fuego. “Tanto él como su hermana Katiuska nos amenazaron de muerte y tuvimos que refugiarnos en La Guaira”, dijo.