CIDH: Correísmo violó libertad de expresión del diario El Universo - Diario La Verdad de Vargas

CIDH: Correísmo violó libertad de expresión del diario El Universo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, falló en contra del Estado ecuatoriano en el caso “Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador», más conocido como «Caso diario El Universo», y estableció que el Estado ecuatoriano «es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación, residencia y a la estabilidad laboral de un periodista y los directivos de un periódico».

Este caso se remonta al 2011 tras la publicación del artículo de opinión del columnista Emilio Palacio Urrutia en diario El Universo titulado «No a las mentiras». En el texto se criticaban las actuaciones del entonces presidente Rafael Correa durante la revuelta policial de septiembre de 2010. La publicación provocó que el exmandatario interpusiera una demanda por «injurias calumniosas graves contra la autoridad» y pidiera una millonaria indemnización por su honor.

Este proceso, considerado uno de los más emblemáticos durante el correísmo contra la prensa, desembocó en una condena a 3 años de prisión en contra del columnista Emilio Palacio y los directivos de El Universo Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, así como el pago de una «suma solidaria» de US$ 30 millones. La condena dispuso además que el diario El Universo debía pagar US$ 10 millones adicionales.

La Corte determinó que el artículo de opinión de Palacio era un texto de interés público para el debate democrático y consideró que la sentencia impuesta y la sanción económica constituyeron «una violación al derecho a la libertad de expresión».

Por otra parte, el tribunal de la Corte Interamericana señaló que Palacio tuvo que abandonar Ecuador y renunciar a su trabajo, lo que constituyó para los jueces una «violación al derecho de circulación, residencia y estabilidad laboral».

En su sentencia, la Corte advierte que la «respuesta punitiva» de los funcionarios de un Estado a través del derecho penal «no es convencionalmente procedente para proteger su honor».