ONG: Normativa de Ley contra el terrorismo viola los DDHH
Más de 600 organizaciones no gubernamentales venezolanas manifestaron su rechazo, “categórico y definitivo a la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021, para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.
Alegando que la normativa constituye “un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
Con la supuesta presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial, el estatuto obliga a que sean registradas todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen.
Ante esta medida, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, inició una campaña en conjunto con numerosas organizaciones para que sea derogada esta providencia, por considerar que “coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida”.
Añaden que se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, lo cual, a su juicio, viola sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad.
“Las organizaciones estamos comprometidas a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales, como ha venido ocurriendo durante los últimos años”.
“Se está haciendo un cerco jurídico a lo que ya también ocurría, que era el cerco material”, declaró el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien añadió que “esta nueva medida deja más claro que el régimen de Maduro considera a las ONG como enemigos internos. Este término lo usaban las dictaduras en las décadas de los setenta y ochenta para identificar a entidades o personas que discrepaban con el gobierno”, reseñó el portal El Diario.