Buque varado en el Golfo de Paria sigue a la espera de solución

El plan de la italiana ENI para drenar el buque de almacenamiento de petróleo Nabarima, varado en el Golfo de Paria,  se ha retrasado durante semanas debido a las preocupaciones sobre las sanciones de Estados Unidos al Gobierno de Nicolás Maduro, informó Argus Media.

Trinidad y Tobago pidió autorización a Venezuela para verificar que el buque no represente un riesgo de contaminación para sus aguas

La unidad flotante de almacenamiento y descarga, con bandera venezolana y considerada un riesgo ambiental potencial, había sido incluida en las prioridades, luego de que los trabajadores informaran de inundaciones dentro y fuera del barco. A principios de septiembre, ENI indicó que la embarcación se había estabilizado y se había resuelto una filtración de agua.

El Nabarima tiene una capacidad de hasta 1,3 millones de barriles de crudo y ha estado anclado en el campo costa afuera Corocoro, en el Golfo de Paria, durante 10 años. El campo pertenece a PetroSucre, una empresa conjunta operada por Petróleos de Venezuela. ENI tiene una participación del 26%.

“En las últimas semanas hemos presentado una propuesta técnica de vanguardia a Pdvsa”, dijo ENI a Argus Media. La empresa manifestó que en el marco de un “diálogo constante y cooperativo” con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra sanciones, se encuentra a la espera de autorización para seguir adelante con la operación.

“Hemos pedido luz verde para proceder, a fin de evitar cualquier riesgo de sanciones. Hay una respuesta pendiente”, dijo ENI.

En un comunicado del 5 de septiembre, PetroSucre, controlada por Pdvsa, dijo que el barco no representaba ningún riesgo ambiental y consideró la información sobre su falta de integridad estructural como “noticias falsas” destinadas a justificar las sanciones de Estados Unidos. Desde entonces, ni Pdvsa ni el gobierno venezolano se han pronunciado.

Ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni la OFAC han hecho algún comentario.

No está claro si una transferencia de barco a barco requeriría una exención específica de la OFAC o garantías explícitas de que la operación, realizada por motivos de seguridad y medioambientales, no violaría el régimen de sanciones de Estados Unidos. Tampoco está claro si ENI conservaría la propiedad del petróleo para poder usarlo o venderlo, y cómo se pagaría a PetroSucre.

Por su parte, Trinidad y Tobago dice que está esperando que Caracas permita que sus inspectores suban al barco para asegurar que las aguas de Trinidad no estén en peligro de un derrame de petróleo importante, dijo el ministerio.

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