FMI emite declaración de censura contra el gobierno
La junta del Fondo Monetario Internacional emitió el miércoles una “declaración de censura” contra el gobierno de Venezuela, debido a que no entregó los datos económicos necesarios al organismo, y le dio seis meses para tomar medidas.
“La junta encontró que Venezuela no ha implementado las medidas correctivas y no ha entregado información de una serie de ítems adicionales requeridos”, dijo el FMI en un comunicado. En noviembre del año pasado, la entidad financiera había solicitado a Caracas «medidas correctivas» por el «incumplimiento de la obligación de Venezuela de suministrar datos al FMI».
La medida no impone sanciones inmediatas contra Venezuela, pero podría llevar a que el Fondo eventualmente impida que el país vote sobre las políticas del organismo. Según el estatuto del FMI, tras esta censura, Venezuela se expone primero a no acceder a recursos de la entidad, luego podría perder su derecho a voto y, finalmente, podría ser expulsada. El único miembro del FMI que llegó a ser excluido fue Checoslovaquia en 1954.
Venezuela, que fue un socio fundador del FMI en 1946, se mantiene como miembro con derecho a voto en la institución, pero no ha tenido ningún compromiso formal con el organismo por más de una década. La última ayuda financiera del FMI a Venezuela data de 2001, y desde 2004 no se han realizado más visitas técnicas del Fondo al país para revisar sus cuentas.
En tres meses entraron a Colombia más venezolanos que en 2017
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que en el primer trimestre de este año ingresaron al país más de 230.000 venezolanos para seguir su ruta hacia el sur del continente, cifra que supera el total alcanzado en 2017. “Esto demuestra la magnitud del problema», indicó el mandatario.
Detalló que durante el primer mes de funcionamiento del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos se han inscrito al menos 200.000 personas. El 7 de junio se cumple el plazo de dos meses que el gobierno colombiano dio a los migrantes venezolanos para inscribirse en alguno de los 523 centros instalados en más de 20 departamentos de los 32 que tiene el país.
El mandatario prevé que para la fecha se acrediten a más de 400.000 personas, lo que es calificado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como un proceso «serio, bien ejecutado y planeado».
Recordó que el registro es obligatorio únicamente para quienes no tengan nacionalidad o padres colombianos, ya que las 300.000 personas en esta condición deben hacer un proceso diferente.