Retardo procesal judicial viola derechos humanos de imputados varguenses

*Alfredo Ramos, del Foro Penal Venezolano, destaca que 70% de los privados de libertad en el país no tienen una condena definitiva

“Una justicia retardada no es justicia”, así lo afirmó Henry Hamdan, presidente del Colegio de Abogados del estado Vargas, al referirse a los retardos en los procesos judiciales, pues violan los derechos humanos de los imputados.

Señaló que el artículo 49 de la Constitución Nacional es muy claro cuando habla del debido proceso y la celeridad procesal. “Eso es fundamental. Hace la justicia transparente, expedita”.

Refirió que el Código Procesal Penal tiene muchos adelantos en cuanto al proceso, pero que en la práctica los tribunales no se dan abasto para atender tantas causas.

“Se deben crear más tribunales”

Para Hamdan la creación de nuevos tribunales es fundamental y es una de sus preocupaciones. “La ampliación de los retenes de Macuto y Caraballeda se debe realizar para evitar el hacinamiento, también trae consigo la corrupción”.

Explicó que es problemático que la mayor parte de los procesados en Vargas se encuentran en cárceles de otros estados, lo que dificulta su traslado a los tribunales locales.

“Sería de gran ayuda que los tribunales contaran con una oficina en los retenes una vez que se amplíen para evitar el problema de los traslados. Esto evitaría el diferimiento de las audiencias”.

Destacó que los retenes deben tener condiciones mínimas para que no se violen los derechos humanos de los detenidos con el hacinamiento y la corrupción. “Hace un mes que el Tribunal Primero de Control no tiene juez y hay cinco o seis jueces más que fueron jubilados”.

En este sentido hizo un llamado al juez rector del estado Vargas para que tome cartas en el asunto y no sigan sucediendo hechos como el diferimiento de sus causas debido a que deben trasladarse fuera del estado o que mueran en alguna riña entre reos por hacinamiento.

En los tribunales penales no hay retardo

José Luis Díaz Chacón, juez coordinador de tribunales, afirmó que por casos de violencia no hay retardo procesal.
“Estamos al día en cuanto a esos casos y cuando hay retardo es porque no viene la víctima o el imputado. Cuando esto ocurre emitimos orden de localización o búsqueda y captura.

Explicó que la causa principal de los retardos procesales es originada por los traslados que se han complicado por la situación del país. “Si el indiciado está en Tocorón, Yare o el Rodeo, se puede dificultar movilizarlos”.

Acotó que se les facilitan las cosas cuando los traslados de los imputados deben hacerse desde los retenes de Macuto o de Caraballeda. En cuanto a una posible corrupción en estos retenes, dijo no tener denuncias y que si la hay los familiares no lo han informado.

“Hay que minimizar el retardo procesal”

Larry Rodríguez, Yvelisse Perozo, Naibis Jiménez, Eduardo Henríque, Richard Sojo y Jonathan Hernández, del Frente Bolivariano de Abogados del estado Vargas, apoyan todas las iniciativas dirigidas a minimizar el retardo procesal.

“Como abogados tenemos una posición frontal al respecto. Por eso existe lo que se llama la cayapa judicial, que ocurre cuando los jueces van a los penales y revisan todas las causas, pero la gran cantidad de expedientes acumulados traen más retardos”.

Indicaron que están trabajando en ese problema y que en el estado se han minimizado.
“Hemos hecho un análisis y estamos trabajando en una propuesta para que sea insertada en la transformación del poder judicial venezolano y hacer de Venezuela un Estado democrático, de derecho y justicia.

Los abogados aprovecharon las oportunidad para invitar a todos los egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela a formar parte de un comité constituyentista para dar a conocer la propuesta del presidente Nicolás Maduro y a asistir a una reunión este miércoles a las 4:0 pm en el museo Fundación Pedro Cova, situado en la calle Los Baños.

Familiares de detenidos demandan acciones concretas

Alfredo Romero, miembro del Foro Penal Venezolano, informó que de acuerdo con los estudios de esa organización, alrededor de un 70% de los privados de libertad que se encuentran en los 33 centros de reclusión del país no tienen una condena definitiva, lo que representa “un grave problema” en el sistema de justicia. Asimismo se conoció que organizaciones de derechos humanos junto con las familias de los detenidos, han demandado acciones concretas y efectivas de parte del Estado.

Luisa Ortega Díaz afirmó que la institución que dirige realiza un trabajo permanente en las cárceles del país, y por ello se crearon las fiscalías penitenciarias, las cuales buscan resguardar los derechos humanos de todos los internos.

“Cualquier acción que se haga para avanzar en pro de nuestras cárceles, indudablemente que es un éxito”. Hizo un llamado a todos los participantes del proceso judicial, para que se aboquen para que no haya retardo procesal. “La participación de todos es determinante para evitarlo”. Instó a denunciar el caso de los afectados por un retardo procesal.

En uno de sus artículos publicado en un periódico de circulación nacional, señalaba que en Venezuela la celeridad de la decisión jurisdiccional tiene rango constitucional.

“El incumplimiento de este mandato produce la conocida justicia tardía, la cual lejos de dar la respuesta esperada, genera nuevos conflictos humanos, siendo el más grave de ellos el preso sin condena”.

En el retardo procesal en la fase jurisdiccional influyen muchas causas, entre ellas ausencia de las partes y de sus representantes, falta de traslado de los internos procesados a la sede de los tribunales y la no notificación a quienes deben intervenir en los actos procesales./jd