Un contratista de defensa de Malasia apodado «Fat Leonard», quien orquestó uno de los escándalos de soborno más grandes en la historia militar de Estados Unidos, fue arrestado en Venezuela después de huir antes de su sentencia, dijeron las autoridades el miércoles.
La persecución internacional de Leonard Glenn Francis terminó este martes en la mañana en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando estaba a punto de abordar un avión con destino a Rusia, dijo el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
El director general de Interpol Venezuela, Carlos Gárate Rondón, dijo en un comunicado publicado en Instagram que Francis llegó a Venezuela desde México y se dirigía a Rusia.
El arresto se produjo en la víspera de su sentencia programada en un tribunal federal de California por un plan de soborno que duró más de una década e involucró a decenas de oficiales de la Marina de los EEUU. No hubo información inmediata sobre cuándo podría ser extraditado a Estados Unidos.
Ofrecen recompensa de 40.000 dólares
Francis estaba bajo arresto domiciliario en San Diego cuando se cortó la tobillera con GPS y escapó el 4 de septiembre. Diez agencias estadounidenses lo buscaron y las autoridades emitieron una recompensa de 40.000 dólares por su arresto.
Las autoridades estadounidenses también emitieron una notificación roja, que solicita a las fuerzas del orden público de todo el mundo a que arresten provisionalmente a alguien con posibilidad de extradición. Malasia y Singapur tienen acuerdos de extradición con Estados Unidos.
Francis se declaró culpable en 2015 de ofrecer servicios de prostitución, hoteles de lujo, cigarros, comidas gourmet y más de 500.000 dólares en sobornos a funcionarios de la Marina y otros para ayudar a su empresa de servicio de barcos con sede en Singapur, Glenn Defense Marine Asia Ltd.
Los fiscales dijeron que la compañía le cobró a la Marina por lo menos 35 millones de dólares por dar servicio a los barcos, muchos de los cuales fueron enviados a puertos que él controlaba en el Pacífico.
A Francis se le permitió permanecer en confinamiento domiciliario para recibir atención médica mientras cooperaba con la fiscalía. Con su ayuda, los fiscales aseguraron las condenas de 33 de los 34 acusados, incluidos más de dos docenas de oficiales de la Marina.