Familiares de privados de libertad, recluidos en los Centros de Detención Preventiva de Caraballeda y Macuto, denunciaron que la falta de combustible se suma a lista de obstáculos que impiden el traslado de sus familiares a las audiencias de juicio que se están llevando a cabo en los tribunales penales del estado Vargas ubicados en El Playón.
“El traslado sigue siendo uno de nuestros mayores problemas. Un día no hay vehículo y al otro está dañado. Cuando por fin aparece el vehículo, resulta que no tiene gasolina», expresaron los familiares de los privados de libertad a la ONG de DDHH, Una Ventana a la Libertad.
En La Guaira hay una sola estación de servicio, que está en Maiquetía, que es la que suministra combustible a los vehículos oficiales y las unidades de traslados de presos no son prioridad. «Entonces, aunque se fijan audiencias, no se pueden cumplir, porque no se ha logrado el traslado de la persona que está imputada”, señaló María Fernanda Pérez, madre de un privado de libertad.
Como respuesta a esta problemática, algunos familiares han optado por reunir dinero y pagar gasolina a precios internacionales, para tener la garantía del uso de la unidad del cuerpo policial o del vehículo asignado.
“Si tienen que trasladar a tres o cuatro reclusos, nos ponemos de acuerdo y pagamos el combustible para que nuestros familiares sean llevados, especialmente desde Caraballeda, que es el retén que presenta más problemas a la hora de realizar un traslado”, dijo Rosa Gutiérrez, madre de otro privado de libertad.
Según cifras extraoficiales que manejan los familiares de privados de libertad en el Retén de Caraballeda, actualmente existen 128 detenidos en las dos celdas más grandes de esa estructura, cuya capacidad real promedio permitiría la detención de unas 50 personas.