El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos en su informe anual señala que 70% de la población venezolana sufre restricciones en el servicio de agua.
El 61,9% enfrenta complicaciones graves en el suministro eléctrico, mientras que el 49,4% experimenta dificultades significativas en cuanto al acceso al transporte, lo que incide directamente en su movilidad y calidad de vida.
La organización con más de 35 años en Venezuela insiste en que la crisis solo tendrá una solución cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.