De los 60 diputados que se pronunciaron en el debate que duró trece horas, 39 defendieron la apertura del juicio con fines destituyentes contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff.
Tan solo 21 legisladores alegaron que no hay méritos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con el mismo, estaría impulsando un golpe, y uno de los parlamentarios se declaró indeciso.
La sesión fue convocada para que los 65 miembros de la Comisión Especial se pronunciasen sobre el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que existen fundamentos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Dilma Rousseff por unas maniobras fiscales consideradas ilegales.
La Comisión, integrada por representantes de todos los partidos brasileños representados en el Congreso, tan solo tiene la misión de determinar si existen bases jurídicas para dar continuidad al juicio político.
El debate también dejó claro que, pese a que la Comisión tiene que pronunciarse sobre si hay méritos jurídicos para la apertura del juicio, sus miembros prácticamente ignoraron las discusiones técnicas y prefirieron centrarse en los discursos políticos.
Los diputados favorables a enjuiciar a Rousseff, hicieron en sus discursos más referencias a la falta de condiciones para gobernar de la Presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y a la crisis económica del país.
Los que se oponen al proceso, por su parte, argumentaron que el juicio no pasa de un intento de golpe promovido por los sectores de la oposición aún insatisfechos con la apretada derrota que sufrieron en las elecciones presidenciales de octubre de 2014.
El caso será remitido al plenario de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir este mismo mes si autorizan al Senado a someter a la Presidenta al juicio destituyente.
En esa instancia, si es aprobado por mayoría calificada de 342 votos pasará al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.
De llegarse a ese extremo, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla. En ese periodo sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien completaría el mandato, que vence el 1 de enero de 2019, si el Senado finalmente destituye a la mandataria./ar