272 fiscales del MP judicializados por corrupción
272 fiscales del Ministerio Público (MP) han sido procesados por delitos asociados a corrupción, indicó el fiscal general, Tarek William Saab, quien precisó que 241 han sido judicializados y 31 se encuentran bajo en investigación.
Dijo que entre los judicializados, 26 han sido condenados, 137 han sido imputados, 9 están privados de libertad y 18 se encuentran prófugos.
“A muchos de estos fiscales los hemos agarrado con las manos en la masa, otros mediante grabaciones o entregas controladas. Un detalle es que la gran mayoría vienen de la gestión anterior”, señaló.
Hizo referencia a un caso que involucra a un estacionamiento que cumplía funciones de depositaria judicial y que aseguró pretendieron apoderarse ilegalmente de más de 430 vehículos. De acuerdo a lo relatado por el fiscal, el 29 de junio el ciudadano Josué Astudillo interpuso una denuncia en la Fiscalía Superior del estado Carabobo, debido a que cuando fue a retirar un vehículo en una depositaria judicial con orden de entrega emanada de una fiscalía, los dueños del sitio le indicaron que su vehículo ya no le pertenecía.
Otras cuatro personas habrían pasado una situación similar, revelaron las pesquisas. El alegato que se hacía en los estacionamientos era que debido a una dación en pago del Ministerio de Relaciones Interiores los vehículos pasaron a ser propiedad del estacionamiento.
“La investigación reveló que la supuesta dación en pago realizada por este funcionario carecía de todo valor jurídico, pues no estaba facultado para realizarla, habiendo usurpado funciones exclusivas de la máxima autoridad de este ente ministerial”, apuntó.
El MP solicitó orden de aprehensión contra Wilder Andrés Soteldo Landaeta, Miguel José Freites Gutiérrez, Emil Frank Spinelli González y Oriana Sicilia Mosqueda Bottaro, lográndose únicamente la aprehensión del Spinelli, dueño del Estacionamiento Aragüita C.A.
Por otra parte, anunció la detención del profesor de derecho de la Universidad Católica del Táchira Gerardo Nieto Quintero, por solicitar pagos en divisas a sus alumnos para aprobarles la materia de Derecho y Legislación Laboral.