21% de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Guyana (1.155.000 personas, según la estadística de la ONU), han sido víctimas de esclavitud moderna y abuso laboral, de acuerdo con el informe titulado Formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, bajo la dirección de la abogada y profesora Eumelis Moya.
El estudio cita una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones a 4.600 venezolanos en esos países, que reveló que 21% fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este grupo, 2% fue obligado a trabajar.
“Los tratantes emplean las redes sociales (Facebook, Instagram) como vía de captación, contactan directamente a las víctimas y les ofrecen empleos como cuidadoras, de atención al cliente, aprender idiomas y cursar estudios en el extranjero”, señala el documento.
El CDH-UCAB ha registrado casos de mujeres que por cuenta propia o bajo engaño han sido trasladas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil.
“En Trinidad y Tobago la mayoría de las víctimas han sido captadas mediante ofertas engañosas de empleo, y una vez que llegan al destino, son obligadas a prostituirse. En junio de 2021 se conoció que, una vez las víctimas se encuentran en esas pequeñas islas, deben pagar hasta 2.000 dólares por su libertad a los líderes de las bandas organizadas de trata”, indica el informe.
En el caso de los migrantes y refugiados venezolanos que van a Brasil, el estudio comprobó que existen redes de trata que captan a estas personas con fines de explotación. “Los medios utilizados para la captación consisten en ofrecer servicios de traslado y ubicación en este país”, advirtió la organización.
“En Colombia, Ecuador y Perú, los reportes informan que migrantes venezolanas conformadas por mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, han tenido que recurrir a relaciones sexuales transaccionales, mientras que en Colombia se ha identificado a madres que empujan a sus hijas a realizar estas prácticas y hombres y adolescentes que se dedican al contrabando de combustible y de drogas”, precisó.