La ONG Acceso a la Justicia alertó que las seis universidades que solicitaron la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) deberán pagar $2.650 de multa, setencia del Tribunal Supremo de Justicia, luego de declarar inadmisible la demanda.
La organización resalta que en las sentencias 446 y 447 se estableció que las partes actuantes incumplieron los extremos de ley, al no acompañar el libelo con original o copia del presunto «acto administrativo».
El común denominador de los fallos del TSJ establece que “a cada una de las accionantes y a sus representantes en el presente asunto, (se aplica una multa) de por cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela».
No obstante, en un comunicado, firmado por el vicerrector de la UCV, Amalio Belmonte, se argumenta que “la multa que impone la sentencia es una decisión sin fundamento”.
“Estamos en presencia, una vez más, de la judicialización de la actividad universitaria, la centralización administrativa y la toma decisiones por parte de los organismos del Estado sobre los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, por encima de la autonomía universitaria, la justicia social y el estado derecho, definidos taxativamente en la Constitución Nacional”, lamentó.