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MAYO 2019
10:58
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Ataque a la Clínica Alfa se denunció ante la Corte Penal Internacional

Ataque a la Clínica Alfa se denunció ante la Corte Penal Internacional
Photo Credit To Cortesía

  • También el allanamiento a la iglesia San Sebastián de Maiquetía

María Lourdes Arráez

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El Centro de Estudios para América Latina (Casla), dirigido por la jurista Tamara Sujú desde Praga, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya material del ataque que se vivió en la clínica Alfa el pasado 30 de abril, donde al menos tres adultas mayores fueron heridas de gravedad, así como también la evidencia de represión en la iglesia San Sebastián de Maiquetía ese mismo día.

Sujú, quien está asilada en la República Checa desde el 2014, detalla que enviaron las pruebas de los ataques cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad, “el objetivo es demostrar que la represión se ha recrudecido por parte del gobierno de Nicolás Maduro. No importa ya atacar una clínica o centro de salud, lo que internacionalmente está penado”.

Recuerda que la represión a la manifestación convocada por Juan Guaidó hizo que muchas personas buscaran refugio en el centro de salud, donde entraron funcionarios y abrieron el fuego “a quemarropa”, además allanaron la iglesia de la parroquia, usando gases lacrimógenos.

Señala que en la denuncia figuran el gobernador de Vargas, José Luís García Carneiro, el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, y el jefe de la policía del estado de Vargas, Virgilio Pelequia.

Informa que a la fecha ha presentado varios pliegos con pruebas de más de 600 casos de tortura, hay dos expedientes abiertos por crímenes de lesa humanidad donde hay casos de torturas, de detención arbitraria, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales, y Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Canadá han denunciado a Venezuela ante la CPI y han instado al fiscal a abrir la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Anuncia además que, en cooperación con la secretaría general de la Organización de Estados Américanos (OEA), entregará en junio próximo un informe en la CPI sobre la “masacre del pueblo pemón”, asegurando que unos 1200 pemones se han visto obligados a abandonar Venezuela y refugiarse en Brasil tras ser intimidados por el Gobierno.

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